La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o FATCA (por las siglas en inglés para Foreign Account Tax Compliance Act) obliga a identificar a todos aquellos ciudadanos y residentes estadounidenses que tengan dinero, cuentas o fondos depositados en instituciones financieras o no financieras en el extranjero. El objetivo de esta medida, además de controlar la evasión fiscal, es el de dotar a las administraciones de nuevas herramientas para luchar contra el fraude fiscal. FATCA entró en vigor en el año 2013, mientras Barack Obama, principal impulsor de la disposición, era Presidente de Estados Unidos.
Dentro de la Ley, existen acuerdos intergubernamentales o IGA (Intergovernmental Agreements) que Estados Unidos tiene con otras 113 naciones, donde se les exige a las instituciones financieras o FFI de aquellos países, que se registren e informen al Internal Revenue Service (IRS) sobre las cuentas financieras de los contribuyentes estadounidenses o de entidades extranjeras en las que los contribuyentes estadounidenses tengan una participación sustancial. El problema con estos acuerdos es que en muchos casos (por no decir en todos) el nivel de información que las otras FFI le envían al IRS no es proporcional al que Estados Unidos le da a esas Instituciones. Por ejemplo, USA les exige a sus socios el saldo o valor de la cuenta registrada, intereses, dividendos y otros ingresos de la cuenta e ingresos brutos de la venta/reembolso de activos que producen ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos (FDAP, en inglés). Mientras que el IRS no provee a las demás FFI de ese tipo de información sobre extranjeros que operan en su territorio y que podría considerarse “sensible”.
En el presupuesto estatal para 2023, propuesto por el actual presidente Joe Biden, y que aún deberá ser votado en el Congreso, se hace especial hincapié en lo inequitativa que es esta relación de USA para con el resto del mundo: “Actualmente EE.UU proporciona menos información a los gobiernos extranjeros de la que recibimos de ellos”, aseguró Charles Rettig, Comisionado del IRS, en el paper presentado ante el Comité de Finanzas del Senado el pasado 7 de abril.
En la misma página, Rettig continúa afirmando que “la propuesta ampliaría los informes de las instituciones financieras y los corredores de activos digitales de varias maneras, por ejemplo, al exigir que las instituciones financieras informen el saldo de todas las cuentas financieras mantenidas en una oficina de EE.UU y en poder de personas extranjeras. Estos nuevos requisitos de presentación de informes permitirían que el IRS proporcione niveles equivalentes de información a los gobiernos extranjeros cooperativos en circunstancias apropiadas para respaldar sus esfuerzos para abordar la evasión de impuestos por parte de sus residentes”.
Como sabemos, en Estados Unidos nada trasciende en la opinión pública sin una frase o slogan y en este caso se comenzó a mencionar a la iniciativa como Reciprocal FATCA. Una política que busca igualar las condiciones de Estados Unidos para con el resto del mundo en cuanto a información financiera en pos de evitar el fraude fiscal y acompañar el viraje de la economía hacia el mundo digital y transparente. Sin embargo, la iniciativa choca con la realidad del IRS, una agencia actualmente en una crisis de demanda preocupante que no permite pensar, aunque la partida presupuestaria se apruebe y la reforma avance en todas las instancias legislativas y técnicas, que esté en condiciones de ejecutarla por el momento. Lo que sí debemos tener presente es que la discusión está sobre la mesa, y que es de esperarse que más temprano o más tarde, la reforma se concrete. Un tema que no es para preocuparse, pero sí para ocuparse.
Por Andrés Aller, CEO de Aller & Co.
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