Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI)

La Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”) de EE. UU. entró en vigor el 1 de enero de 2024 y será exigida por la FinCEN, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos.

A partir del 1 de enero de 2024, esta nueva ley exige que toda empresa estadounidense, con algunas excepciones, esté obligada a proporcionar información legal relacionada con los beneficiarios finales, accionistas, funcionarios y personas que ejercen control dentro de la empresa al gobierno federal. A este se le llama el Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI, por sus siglas en inglés).

En principio, un beneficiario final es una persona que ejerce control sustancial, de forma directa o indirecta, sobre la compañía acerca de la que se reporta. Sin embargo, la normativa también incluye a personas que posean o controlen al menos el 25% de las participaciones de la compañía.

Esta ley está diseñada para mejorar la transparencia en las estructuras corporativas con el fin de combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal, y otras actividades ilícitas.

Empresas constituidas antes del 31 de diciembre de 2023 tienen que reportar esta información a partir del 1 de enero del 2024. En el caso de empresas constituidas a partir del 1 de enero del 2024 tendrán un plazo de 90 días para cumplir con el reporte.

Las sanciones propuestas para las empresas y sus accionistas que no cumplan con la CTA o no cumplan con los plazos de presentación incluyen multas y sanciones penales y/o civiles. Las sanciones financieras comienzan en USD 500 por día de incumplimiento, hasta USD 10.000; y las sanciones penales podrían incluir penas de confinamiento de hasta dos años.

Este reporte debe presentarse una sola vez, a menos que más adelante haya que actualizar la información reportada inicialmente. La ley y los requisitos legales sobre el reporte son complejos, por lo que se recomienda la asesoría de abogados ya familiarizados con esta nueva situación.

Patricio J. Gutiérrez es el Fundador y Abogado Principal de Gutiérrez Law Group PLLC, enfocado en la práctica del derecho Corporativo e Internacional. Patricio y su equipo asesoran a clientes en una variedad de transacciones, incluyendo fusiones y adquisiciones, formación de empresas jurídicas, inversiones, estructuras corporativas, proyectos de desarrollo inmobiliario, negociación de contratos, y todo lo relacionado a un aterrizaje de una empresa o inversión hacia Estados Unidos.

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